POLITICA FICCION
La mafia política
Jorge Marín Barragán
La mafia política
Jorge Marín Barragán
Derivado del deplorable atentado contra la población del Estado de Michoacán, el Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa, convocó al pacto para la seguridad Nacional, siguiendo la misma ruta el Gobernador Fidel Herrera Beltrán ha convocado a los sectores productivos, medios de comunicación, partidos políticos y sociedad en general, al acuerdo Estatal por la seguridad y la legalidad. El objetivo, según, es el de procurar y aplicar la ley para blindar a Veracruz ante cualquier riesgo.
Para restablecer el orden social y tener éxito en el combate a la delincuencia, no solo basta convocar a un pacto ocurrente y de buenas intenciones, es necesario atacar y desterrar de raíz los males que generan la descomposición del Estado. El problema de la violencia y la delincuencia con todos los estragos que provocan a la sociedad, no radica en la incapacidad sino en la complicidad, no es posible construir la paz en un ambiente contaminado por la impunidad, siempre que se toleren o alienten actos de corrupción se debilita el estado de derecho y nuestras instituciones, fomentando la delincuencia.
A menudo gobernantes y funcionarios pùblicos excusan y protegen a sus amigos, socios y aliados, permitiéndoles construir su riqueza y patrimonio familiar mal habido al amparo del poder, traficando con influencias y muchas veces producto del saqueo y malversación de los recursos públicos, a costa de destruir los sueños y el futuro de una sociedad desesperada y angustiada.
Es de dominio público las conversaciones de la clase política con Kamel Nacif el llamado rey de la mezclilla, donde nos enteramos le piden ayuda económica para proyectos políticos y que ordena también no aprobar leyes que lastimen sus intereses, así fue que descubrimos como se confabuló con el gobernador priísta del Estado de Puebla Mario Marín, para tomar represalias en contra de la periodista Lydia Cacho.
También escuchamos a través de los medios de comunicación, conversaciones de Gobernadores con funcionarios del gobierno federal y con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, donde con descaro reconocían haber operado para favorecer a quien les convenía fuera presidente, no importando ser de partidos políticos diferentes. Ese gesto electoral por lógica elemental, suponemos, que debe de contener acuerdos que no tienen que ver para nada con el bienestar del país.
Cuando nos referimos a los males que provocan las componendas políticas a nuestra sociedad, lamentablemente nos tenemos que remitir a la ciudad que nos dejó el ex alcalde de Orizaba el panista Emilio Stadelman cuyo status económico cambio significativamente cuando incursionó en la política, con calles destrozadas, obras con dudas millonarias, partidas presupuestales dispuestas indebidamente, nominas sumamente elevadas con sospechas de contener gente que cobraba sin trabajar, deuda publica elevada y un abultado gasto corriente.
En la actualidad el millonario negocio de venta de energía eléctrica a los municipios promovido por Kamel Nacif en Veracruz es una realidad, sin oposición alguna.
Lydia cacho sigue acosada y victima del sistema de impartición de justicia de nuestro País, quedando impune el agravio del que fue victima.
Elba Esther Gordillo goza de cabal salud política, además de ser el personaje más influyente del sexenio anterior también lo será sin duda de este periodo, llegando a ser la mayor beneficiaria de nuestro sistema educativo en detrimento de la educación nacional.
Los protagonistas de estos sucesos vergonzosos apoyaron el incremento gradual de la gasolina, que hoy tiene postrada ante la carestía a las familias de nuestra República.
En Orizaba encubren al ex presidente municipal, las actuales autoridades lejos de procurar la transparencia y rendición de cuentas se han dado a la tarea de ocultar la ineficiencia y corrupción de esa administración, el gobierno del Estado lo dota de impunidad como funcionario de la Secretaría de Salud, el sistema de fiscalización estatal sirve para encubrir a los amigos y aliados y someter a los enemigos. En el Estado no existen contrapesos entre poderes, provocando excesos que rayan en la corrupción.
Quienes convocan a combatir la delincuencia y procurar justicia carecen de por lo menos credibilidad, ya que muchas de sus acciones como gobernantes no precisamente se han significado por ser legales. La unidad nacional debe partir de la denuncia de la sociedad en contra de actos indebidos y de gobernantes que estén dispuestos a combatir y castigar la corrupción para acabar con la impunidad, si lo hacen deben recibir el apoyo y solidaridad de su pueblo, sino, deben de ser señalados como promotores de la delincuencia; además debe existir el compromiso de dejar que fluya de manera natural la democracia sin visos de fraude y acciones que degeneren nuestro endeble sistema electoral.
Es el momento de que la sociedad tome en sus manos las decisiones que hagan cambiar para bien el estado que guardan las cosas, aún es posible retomar el rumbo no deben esperar los ciudadanos que decidan por ellos, deben obligar con sus acciones, con su sufragio, que respeten el patrimonio y garanticen la seguridad de la población. Todos repudiamos hechos como los ocurridos en Michoacán, sin duda, solo que para combatir y triunfar contra la delincuencia, primero se tiene que combatir a quienes pertenecen al circulo vicioso de la impunidad, a la clase política corrupta que funciona precisamente como una mafia.
JORGE MARIN BARRAGAN Orizaba, Ver. A 22 de septiembre de 2008
jormaba66@hotmail.com Léanos en http://www.diarionoticias.com.mx/
www.periodicoveraz.com.mx
http//:grandesmontañas.blogspot.com
Para restablecer el orden social y tener éxito en el combate a la delincuencia, no solo basta convocar a un pacto ocurrente y de buenas intenciones, es necesario atacar y desterrar de raíz los males que generan la descomposición del Estado. El problema de la violencia y la delincuencia con todos los estragos que provocan a la sociedad, no radica en la incapacidad sino en la complicidad, no es posible construir la paz en un ambiente contaminado por la impunidad, siempre que se toleren o alienten actos de corrupción se debilita el estado de derecho y nuestras instituciones, fomentando la delincuencia.
A menudo gobernantes y funcionarios pùblicos excusan y protegen a sus amigos, socios y aliados, permitiéndoles construir su riqueza y patrimonio familiar mal habido al amparo del poder, traficando con influencias y muchas veces producto del saqueo y malversación de los recursos públicos, a costa de destruir los sueños y el futuro de una sociedad desesperada y angustiada.
Es de dominio público las conversaciones de la clase política con Kamel Nacif el llamado rey de la mezclilla, donde nos enteramos le piden ayuda económica para proyectos políticos y que ordena también no aprobar leyes que lastimen sus intereses, así fue que descubrimos como se confabuló con el gobernador priísta del Estado de Puebla Mario Marín, para tomar represalias en contra de la periodista Lydia Cacho.
También escuchamos a través de los medios de comunicación, conversaciones de Gobernadores con funcionarios del gobierno federal y con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, donde con descaro reconocían haber operado para favorecer a quien les convenía fuera presidente, no importando ser de partidos políticos diferentes. Ese gesto electoral por lógica elemental, suponemos, que debe de contener acuerdos que no tienen que ver para nada con el bienestar del país.
Cuando nos referimos a los males que provocan las componendas políticas a nuestra sociedad, lamentablemente nos tenemos que remitir a la ciudad que nos dejó el ex alcalde de Orizaba el panista Emilio Stadelman cuyo status económico cambio significativamente cuando incursionó en la política, con calles destrozadas, obras con dudas millonarias, partidas presupuestales dispuestas indebidamente, nominas sumamente elevadas con sospechas de contener gente que cobraba sin trabajar, deuda publica elevada y un abultado gasto corriente.
En la actualidad el millonario negocio de venta de energía eléctrica a los municipios promovido por Kamel Nacif en Veracruz es una realidad, sin oposición alguna.
Lydia cacho sigue acosada y victima del sistema de impartición de justicia de nuestro País, quedando impune el agravio del que fue victima.
Elba Esther Gordillo goza de cabal salud política, además de ser el personaje más influyente del sexenio anterior también lo será sin duda de este periodo, llegando a ser la mayor beneficiaria de nuestro sistema educativo en detrimento de la educación nacional.
Los protagonistas de estos sucesos vergonzosos apoyaron el incremento gradual de la gasolina, que hoy tiene postrada ante la carestía a las familias de nuestra República.
En Orizaba encubren al ex presidente municipal, las actuales autoridades lejos de procurar la transparencia y rendición de cuentas se han dado a la tarea de ocultar la ineficiencia y corrupción de esa administración, el gobierno del Estado lo dota de impunidad como funcionario de la Secretaría de Salud, el sistema de fiscalización estatal sirve para encubrir a los amigos y aliados y someter a los enemigos. En el Estado no existen contrapesos entre poderes, provocando excesos que rayan en la corrupción.
Quienes convocan a combatir la delincuencia y procurar justicia carecen de por lo menos credibilidad, ya que muchas de sus acciones como gobernantes no precisamente se han significado por ser legales. La unidad nacional debe partir de la denuncia de la sociedad en contra de actos indebidos y de gobernantes que estén dispuestos a combatir y castigar la corrupción para acabar con la impunidad, si lo hacen deben recibir el apoyo y solidaridad de su pueblo, sino, deben de ser señalados como promotores de la delincuencia; además debe existir el compromiso de dejar que fluya de manera natural la democracia sin visos de fraude y acciones que degeneren nuestro endeble sistema electoral.
Es el momento de que la sociedad tome en sus manos las decisiones que hagan cambiar para bien el estado que guardan las cosas, aún es posible retomar el rumbo no deben esperar los ciudadanos que decidan por ellos, deben obligar con sus acciones, con su sufragio, que respeten el patrimonio y garanticen la seguridad de la población. Todos repudiamos hechos como los ocurridos en Michoacán, sin duda, solo que para combatir y triunfar contra la delincuencia, primero se tiene que combatir a quienes pertenecen al circulo vicioso de la impunidad, a la clase política corrupta que funciona precisamente como una mafia.
JORGE MARIN BARRAGAN Orizaba, Ver. A 22 de septiembre de 2008
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