Debe ser detenido por la matanza en El Porvenir, dice el vicepresidente García Linera
Orden de captura contra el gobernador de Pando, Bolivia; no acata el estado de sitio
Orden de captura contra el gobernador de Pando, Bolivia; no acata el estado de sitio
■ Autoridades gestionan ante Brasil la detención de sospechosos de asesinar a 25 campesinos
■ En La Paz continúa el diálogo entre el prefecto de Tarija y representantes del gobierno central
■ En La Paz continúa el diálogo entre el prefecto de Tarija y representantes del gobierno central
Afp, Reuters, Dpa y Xinhua
Ampliar la imagen Una campesina simpatizante del presidente Evo Morales es captada con una bandera boliviana durante una protesta en Tiquipaya, cerca de la provincia de Santa Cruz, en apoyo al gobierno boliviano Foto: Reuters
Ampliar la imagen Una campesina simpatizante del presidente Evo Morales es captada con una bandera boliviana durante una protesta en Tiquipaya, cerca de la provincia de Santa Cruz, en apoyo al gobierno boliviano Foto: Reuters
La Paz, 14 de septiembre. El gobierno de Bolivia ordenó la captura del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, por desacato al estado de sitio en esa provincia del norte del país y anunció además que gestiona ante Brasil la detención de individuos que presumiblemente cruzaron la frontera común después de perpetrar en una zona rural la matanza de 25 personas, según el conteo más actualizado.
Tres días después de la emboscada a un grupo de campesinos simpatizantes del presidente Evo Morales, en las inmediaciones de la localidad El Porvernir, y 48 horas después de imponer el estado de sitio en la provincia amazónica, fronteriza con Brasil y Perú, las fuerzas armadas lograron acabar con la presencia de grupos paramilitares y facilitaron el retorno a la normalidad de Cobija, la capital departamental.
El gobierno de Brasil no ha informado sobre la situación en la frontera con Pando y la supuesta participación de brasileños, pero el gobierno de Perú, por medio del jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo, señaló que pedirá a Bolivia datos precisos sobre los peruanos presuntamente involucrados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargado de la aplicación del estado de sitio en Pando, dijo que el gobierno tiene varios objetivos inmediatos: controlar la ciudad de Cobija, detener a personas en delito flagrante, salvar a personas que huyeron a zonas rurales por temor a la persecución de paramilitares, y recuperar cadáveres de gente asesinada el jueves en el sitio de la emboscada y su zona aledaña.
La cifra de muertos hasta el sábado era de 15, pero según el ministro del Interior, Alfredo Rada, otros diez cuerpos fueron hallados en el área de la agresión a campesinos que se dirigían a Cobija a manifestarse contra Fernández y reafirmar su apoyo al gobierno del Movimiento al Socialismo. Funcionarios del gobierno dijeron el viernes que el prefecto pandino financia a los paramilitares y que para cometer la agresión contrató a brasileños y peruanos.
Masacre en tiempos de democracia
“Estamos frente a la masacre más cruenta ocurrida en tiempos de democracia”, dijo Rada.
La decisión de detener a Fernández fue tomada luego que el prefecto –un hacendado que logró su ratificación en el gobierno local en el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado– declaró públicamente que se oponía a la determinación anunciada el viernes desde La Paz y que no acataría las disposiciones, que incluyen restricciones a las garantías de reunión pública y tránsito nocturno.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Fernández también debe ser detenido por su presunta responsabilidad en la matanza de Pando.
Fernández forma parte del grupo de gobernantes departamentales que se ha opuesto a las reformas impulsadas por Morales, así como a la nueva carta fundamental aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente y a la reducción de recursos fiscales provenientes del impuesto a los hidrocarburos, que el presidente destinó hacia la financiación de las pensiones de ancianos.
Los prefectos de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazan también la convocatoria a la celebración del referendo constitucional, programado para el 7 de diciembre próximo, para lo cual apoyaron la realización de protestas callejeras en las dos últimas semanas, convocadas por comités cívicos departamentales.
El principal promotor de las protestas, el terrateniente cruceño Branko Marinkovic, informó hoy que el comité cívico que encabeza había decidido “levantar el bloqueo de carreteras”, como “señal de buena voluntad”, pero no aclaró si también liberarían los pasos fronterizos con Brasil, que han afectado la provisión de alimentos y combustibles.
Marinkovic tampoco indicó qué pasará con las oficinas del gobierno central ocupadas y destruidas por grupos de choque del gobierno provincial y del comité cruceño, ni se refirió a la matanza de Pando.
El restablecimiento del orden en Santa Cruz y Pando sucede mientras que en La Paz, el prefecto de Tarija, Mario Cosío, se presentó a una nueva ronda de diálogo con representantes del gobierno central, con miras a establecer un acuerdo sobre la distribución de los recursos derivados del impuesto sobre los hidrocarburos. Hasta el cierre de la edición, no había información sobre los resultados del encuentro.
Tres días después de la emboscada a un grupo de campesinos simpatizantes del presidente Evo Morales, en las inmediaciones de la localidad El Porvernir, y 48 horas después de imponer el estado de sitio en la provincia amazónica, fronteriza con Brasil y Perú, las fuerzas armadas lograron acabar con la presencia de grupos paramilitares y facilitaron el retorno a la normalidad de Cobija, la capital departamental.
El gobierno de Brasil no ha informado sobre la situación en la frontera con Pando y la supuesta participación de brasileños, pero el gobierno de Perú, por medio del jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo, señaló que pedirá a Bolivia datos precisos sobre los peruanos presuntamente involucrados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargado de la aplicación del estado de sitio en Pando, dijo que el gobierno tiene varios objetivos inmediatos: controlar la ciudad de Cobija, detener a personas en delito flagrante, salvar a personas que huyeron a zonas rurales por temor a la persecución de paramilitares, y recuperar cadáveres de gente asesinada el jueves en el sitio de la emboscada y su zona aledaña.
La cifra de muertos hasta el sábado era de 15, pero según el ministro del Interior, Alfredo Rada, otros diez cuerpos fueron hallados en el área de la agresión a campesinos que se dirigían a Cobija a manifestarse contra Fernández y reafirmar su apoyo al gobierno del Movimiento al Socialismo. Funcionarios del gobierno dijeron el viernes que el prefecto pandino financia a los paramilitares y que para cometer la agresión contrató a brasileños y peruanos.
Masacre en tiempos de democracia
“Estamos frente a la masacre más cruenta ocurrida en tiempos de democracia”, dijo Rada.
La decisión de detener a Fernández fue tomada luego que el prefecto –un hacendado que logró su ratificación en el gobierno local en el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado– declaró públicamente que se oponía a la determinación anunciada el viernes desde La Paz y que no acataría las disposiciones, que incluyen restricciones a las garantías de reunión pública y tránsito nocturno.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Fernández también debe ser detenido por su presunta responsabilidad en la matanza de Pando.
Fernández forma parte del grupo de gobernantes departamentales que se ha opuesto a las reformas impulsadas por Morales, así como a la nueva carta fundamental aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente y a la reducción de recursos fiscales provenientes del impuesto a los hidrocarburos, que el presidente destinó hacia la financiación de las pensiones de ancianos.
Los prefectos de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazan también la convocatoria a la celebración del referendo constitucional, programado para el 7 de diciembre próximo, para lo cual apoyaron la realización de protestas callejeras en las dos últimas semanas, convocadas por comités cívicos departamentales.
El principal promotor de las protestas, el terrateniente cruceño Branko Marinkovic, informó hoy que el comité cívico que encabeza había decidido “levantar el bloqueo de carreteras”, como “señal de buena voluntad”, pero no aclaró si también liberarían los pasos fronterizos con Brasil, que han afectado la provisión de alimentos y combustibles.
Marinkovic tampoco indicó qué pasará con las oficinas del gobierno central ocupadas y destruidas por grupos de choque del gobierno provincial y del comité cruceño, ni se refirió a la matanza de Pando.
El restablecimiento del orden en Santa Cruz y Pando sucede mientras que en La Paz, el prefecto de Tarija, Mario Cosío, se presentó a una nueva ronda de diálogo con representantes del gobierno central, con miras a establecer un acuerdo sobre la distribución de los recursos derivados del impuesto sobre los hidrocarburos. Hasta el cierre de la edición, no había información sobre los resultados del encuentro.
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